Boletín de prensa México, D.F., 29 de abril de 2008
Petición de 11 mujeres de Atenco, víctimas de tortura, ante la CIDH
Hoy, 11 mujeres, víctimas de tortura durante los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, han presentado una petición, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de encontrar justicia y reparación del daño.
Ante la ineficacia de las instancias nacionales, las peticionarias buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó sus derechos humanos y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura.
La incursión de policías federales, estatales y municipales a San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos. Veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas han denunciado haber sido víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte de los policías que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas al penal de Santiaguito.
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM, hoy FEVIMTRA), encabezada en ese entonces por Alicia Elena Pérez Duarte, inició de oficio una investigación contra quienes resultasen responsables de los delitos cometidos en contra de algunas mujeres del caso Atenco. Desde febrero de 2007 el Centro Prodh, coadyuvante de la indagatoria, solicitó en diversos momentos de manera verbal y escrita a la entonces Fiscal la consignación de los probables responsables, lo que nunca ocurrió a pesar de contar con los elementos necesarios para hacerlo. A casi dos años de que la FEVIMTRA iniciara la averiguación previa (FEVIM/03/05/2006), nadie ha sido consignado por los hechos de tortura que sufrieron las mujeres detenidas por elementos de seguridad pública.
En el Estado de México se integró una averiguación previa (TOL/I/466/2006) del fuero común. Sólo se consignó a 21 policías, pero no por el delito de tortura sino por delitos menores como abuso de autoridad o actos libidinosos. A la fecha, quince policías ya fueron exonerados y actualmente sólo seis elementos policiales enfrentan proceso, no obstante cabría la posibilidad de que la FEVIMTRA consigne a más responsables dentro de la indagatoria 03/05-2006 por el delito de tortura con modalidad sexual.
El 25 de enero de 2008, una ciudadana española, quien sufrió graves atentados contra su integridad física y fue deportada durante los operativos ya citados, presentó una querella ante la Audiencia Nacional española. Denunció hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece en casos de delitos graves, sancionados por el derecho internacional.
Es preocupante que a dos años de haber sucedido los hechos no existan resultados y las víctimas continúen en espera de la atención y el apoyo garantizados por la Constitución Mexicana, lo cual evidencia una vez más las deficiencias del sistema de procuración de justicia mexicano; las instancias nacionales han mostrado ser inefectivas en lo que respecta al procesamiento de las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas en Atenco. La impunidad ha prevalecido.
Los nulos resultados de los procesos iniciados en el Estado de México muestran que en esa entidad federativa las instancias de procuración y administración de justicia carecen de imparcialidad e independencia pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo. En el ámbito federal la situación no es distinta. Las investigaciones iniciadas por la FEVIMTRA no han sido consignadas, pese a que las mujeres denunciantes de tortura han aportado elementos suficientes para que esto ocurra.
Ante esta situación las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual han decidido acudir ante la CIDH, órgano autónomo perteneciente a la Organización de Estados Americanos al cual son presentados los casos cuando el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de hechos delictivos a nivel interno.
El día de hoy las víctimas, el Centro Prodh y CEJIL hemos presentado ante la CIDH una petición a fin de encontrar justicia y reparación para las víctimas de este caso, demandando al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional. Debe recordarse que el Estado mexicano es responsable por la actuación de sus agentes. En la petición son descritos los antecedentes de los hechos, los testimonios completos de las 11 víctimas/peticionarias y los derechos humanos que se consideran violados: derecho a la integridad física, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho de acceso a la justicia, derecho a la igualdad y no discriminación y derecho a la dignidad y privacidad. El material probatorio consiste de 20 anexos, los cuales incluyen los peritajes del Manual para la investigación y documentación eficaces de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la PGR (sólo dos), los cuales dieron resultados positivos en cuanto a la existencia de actos de tortura.
A través de la denuncia internacional las peticionarias buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó, en su perjuicio, sus derechos humanos, y que recomiende al Estado una investigación seria, imparcial y eficaz donde se sancione a los responsables por tortura, así como la reparación integral del daño.
En Atenco se dio la tortura sistemática de un grupo identificado por los policías como «subversivo»: las mujeres fueron abusadas no sólo individualmente, sino también como grupo, fueron tratadas como objetos, como botín de guerra; hombres y mujeres fueron identificados por el Estado como enemigos y no como ciudadanos.
Casos como el de Atenco evidencian también la falta de instancias para la participación de los ciudadanos y para la expresión legítima del descontento. Frente a las formas sostenidas y novedosas de manifestación del descontento popular el gobierno responde haciendo uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza.
La persistencia de las dificultades para acceder a la justicia y el hecho de que los casos de violaciones a derechos humanos no sean considerados con la prioridad que requieren, hace necesario seguir buscando caminos que hagan posible la justicia para las víctimas.
MUJERES Y LA SEXTA 