Comunicado de ejidatarios de San Sebastian Bachajon.


San Sebastian Bachajon NUEVO COMUNICADO DE EJIDATARIOS DE SAN SEBASTIAN BACHAJON

 
Al pueblo de México y el mundo
A los compañer@s adherentes a la sexta declaracion de la selva lacandona
A los medios de comunicación masivos e alternativos
A los defensores de derechos humanos nacional e internacional
A las Juntas de Buen Gobierno
A los pueblos indígenas en resistencia
A la opinión pública
 
Venimos con digna rabia a dar nuestra palabra a la Ciudad de México, queremos denunciar nuevamente las grandes injusticias y despojos que el mal gobierno de los tres niveles encabezados por los grandes delincuentes Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco Coello y Leonardo Guirao Aguilar siguen cometiendo en contra de nuestro pueblo. Estos gobiernos corruptos despojan a los pueblos indígenas de sus territorios para hacer proyecto trasnacional y hacerse ricos a costa de nuestro sufrimiento. Según que sus proyectos son para dar trabajo a los indígenas y que salgamos de la pobreza, pero lo unico que quieren es quedarse con nuestras tierras y que regresemos al tiempo de esclavos. Son estos mismos gobiernos corruptos que mandaron asesinar cobardemente a nuestro compañero de lucha Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril de 2013 por la noche mientras se encontraba descansando en su domicilio en el poblado Bachajón
 
 
El mal gobierno compra autoridades ejidales y comunitarias que no tienen conciencia de defender su pueblo, se venden por unos cuantos pesos y son fieles sirvientes del mal gobierno, porque solo ven su interés personal. Una autoridad que gobierna sin obedecer y defender su pueblo no es verdaderamente una autoridad, sino simplemente lo tiene de nombre, por eso el pueblo tiene derecho a defender por si mismo su derecho. En nuestro pueblo las autoridades ejidales oficialistas son manipuladas por el gobierno para consumar el despojo de nuestras tierras. Los ex comisariados Pedro Alvaro Hernández  y Francisco Guzmán Jiménez ahora usan carros buenos y se la viven de puro engordar porque ya no trabajan la tierra. Ellos han permitido que el gobierno tenga militarizado y lleno de policía estatal preventiva nuestras comunidades. Ellos firmaron documentos entregando nuestras tierras al gobierno, sin autorizacion de nuestro maxima autoridad la asamblea general, en lugar de ser castigados y llevarlos a la carcel, son premiados y protegidos por el mal gobierno. Pero los indígenas que luchan por su pueblo son torturados y castigados en la carcel cumpliendo condenas injustas como nuestros presos Antonio Estrada Estrada (preso en CERSS 17 de Playas de Catazajá, Chiapas), Miguel Vázquez Deara (preso en CERSS 16 de Ocosingo, Chiapas) y Miguel Demeza Jiménez (preso en CERSS 14 El Amate).
El despojo de nuestras tierras lo preparó el mismo secretario general de gobierno Noé Castañón León desde finales del año 2010, en sus oficinas de Tuxtla Gutiérrez con el ex comisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, Carmen Aguilar Gómez Primero, Juan Alvaro Moreno, Manuel Jiménez Moreno y Miguel Ruiz Hernández. El 2 de febrero de 2011 entraron de manera violenta a desalojar a compañeros de nuestra organización de la caseta de cobro que construimos con mucho esfuerzo y para beneficio del pueblo, robaron material de construcción y dinero en efectivo, al día siguiente detuvieron a 117 de nuestros compañeros.
 
El mal gobierno ha reprimido fuertemente nuestro movimiento porque nos quiere desaparecer, no le gusta que el pueblo se organice y defienda lo que es suyo, solo quiere quitar y que nadie diga nada. Estos mismos malos gobiernos dicen que vivimos en una democracia, pero reprimen con su fuerza pública y mandan asesinar para callar nuestro movimiento que lucha por justicia, tierra, libertad y democracia. 
 
El 2 de marzo de 2011 el compañero Mariano Moreno Guzmán que es uno de los fundadores del ejido y ex comisariado ejidal que consiguió los documentos de nuestro pueblo, presentó amparo por el despojo. El amparo lo turnaron al Juez Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con el número 274/2011. El 30 de enero de 2013 el Juez corrupto José del Carmen Constantino Avendaño dictó sentencia y desechó el amparo. El 16 de mayo de 2013 el Tercer Tribunal Colegiado de Tuxtla echó abajo la sentencia del Juez Séptimo por ser ilegal y ordenó la reposición del procedimiento. Ahora el Juez Séptimo debe notificar la demanda de amparo a la Asamblea General de Ejidatarios por conducto del Comisariado Ejidal oficialista que es del gobierno. Se ve claramente la maña del gobierno, que como no pudieron anular el amparo con la sentencia del Juez Constantino Avendaño ahora van a querer meter una Acta de asamblea como las que les gusta fabricar con la complicidad del Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria de Ocosingo Ing. Luis Demetrio Domínguez López, Presidencia Municipal de Chilón y autoridades del gobierno del Estado de Chiapas.
No vamos a permitir que siga el despojo de nuestras tierras y el abuso en contra de nuestro pueblo, a pesar del asesinato cobarde de nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán seguiremos luchando y defendiendo con fuerza y organización, no nos vamos a callar como quiere el mal gobierno. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue!
 
Nos sumamos a la semana de acción mundial: Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue! convocada por nuestros compañeros del Movimiento por Justicia del Barrio, Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset, Comité de Palabra verdadera de Calcuta, India y el Comité de la Palabra Verdadera de Alisal, para los días del 25 de junio al 2 de julio.
Desde la zona norte de Chiapas, reciban un abrazo de las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón. 28 de mayo de 2013
Atentamente
¡Tierra y libertad!
¡Hasta la victoria siempre!
 
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Acudieron al Consejo de la Judicatura Federal y a instancia de la ONU
Hermann Bellinghausen
 Periódico La Jornada
Martes 28 de mayo de 2013, p. 13
 
El ejido chiapaneco de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, reanuda esta semana la batalla legal que ha venido sosteniendo durante más de tres años en defensa de su territorio y el derecho a la autodeterminación comunitaria. Este lunes, los representantes de la comunidad tzeltal acudieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para demandar la devolución de una superficie de su territorio, de la cual se posesionaron arbitrariamente diversas autoridades federales y de Chiapas el 2 de febrero de 2011.
 
Presentamos un nuevo escrito al presidente del CJF, Juan Silva Meza, para que garantice imparcialidad e independencia en la resolución del amparo interpuesto en 2011, informó Ricardo Lagunes Gasca, representante jurídico de los ejidatarios, quien acompaña en la diligencia a los delegados indígenas. El 30 de enero del presente año, el juez séptimo de Tuxtla Gutiérrez dictó sentencia sobreseyendo el amparo, al considerar que el ejidatario autorizado por la comunidad, Mariano Moreno Guzmán, no contaba con los requisitos de la Ley de Amparo para ser representante sustituto del ejido. Por otra parte, demandaron que se tomara en cuenta el carácter apócrifo del acta de asamblea que presentaron, para ampararse a su vez, la Secretaria General de Gobierno chiapaneca y el comisariado ejidal a su servicio, Francisco Guzmán Jiménez.
 
Acta apócrifa
 
El juez la dio por válida y determinó que el ejido dio su consentimiento para la instalación de la caseta única de cobro en el acceso a las cascadas de Agua Azul, avalando así que el gobierno la administrara, aun cuando el documento no contaba con firmas de ejidatarios ni convocatoria previa.
 
Los ejidatarios adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona promovieron contra la sentencia el recurso de revisión 118/2013, el cual fue resuelto el pasado 16 de mayo. La resolución de un tribunal en Chiapas, publicada el día 22, revoca la sentencia del 30 de enero por considerarla ilegal y ordena reponer el procedimiento para que se notifique a la asamblea general de la demanda interpuesta por Moreno Guzmán, como debió haberse realizado desde su admisión el 4 de marzo de 2011, y no dos años después”.
 
Los indígenas, expresó su abogado, señalaron al ministro Silva Meza que esperan que el caso se resuelva de conformidad a los derechos de los pueblos indígenas y a las reformas del 10 de junio de 2011; que garantice que el juez no determine el asunto solamente desde la perspectiva del derecho agrario (más restrictivo y menos protector que las normas internacionales) y que se garanticen los más altos estándares de protección de los derechos de los pueblos respecto a territorio, derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.
 
En consonancia, las autoridades autónomas adherentes a la Sexta enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en relación al despojo de su territorio, la represión y la criminalización de su organización por parte del gobierno de Chiapas.
 
En tanto, el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York, el Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset y los comités de la Palabra Verdadera en Alisal y Calcuta, llamaron a la Semana de Acción Mundial a favor de esta lucha, del 25 de junio al 2 de julio. Puntualizaron que la iniciativa, respaldada por los ejidatarios, es en respuesta al salvaje asesinato de Juan Vázquez Guzmán, dirigente de la Sexta en San Sebastián Bachajón, el 24 de abril. Destacaron que las comunidades tzeltales están siendo atacadas por las fuerzas del capitalismo y las empresas trasnacionales que no dejarán sin tocar ningún rincón del mundo.
 
Aquí ambicionan las cascadas de Agua Azul, con el fin de convertirlas en un destino turístico de lujo privado, sostuvieron. Los ejidatarios, quienes heredaron estas tierras y las cuidan, son un obstáculo, lo cual los ha convertido en los recibidores de amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias, desapariciones, encarcelamiento, tortura y ataques de fuerzas gubernamentales y grupos paramilitares.
 
 
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