Mujeres y niños en la barbarie de Atenco


Mujeres y niños en la barbarie de Atenco.

Eugenia Gutiérrez

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Reconocido mundialmente como terruño de feminicidas y hogar dulcísimo de pederastas, México mantiene al límite su desvergüenza dos años después del operativo policiaco en San Salvador Atenco. A lo largo de la semana anterior hubo manifestaciones en varios países para exigir el esclarecimiento de los hechos, la libertad de quienes aún están en prisión y la sanción para los responsables de la brutalidad policiaca que afectó a cientos de civiles en mayo de 2006 y les quitó la vida al niño Javier Cortés y al joven Alexis Benhumea. Pero hubo dos protestas que destacaron por el grado de barbarie policiaca que pusieron de manifiesto. Una la encabezaron once de las mujeres agredidas sexualmente por la Policía Federal Preventiva (PFP). La otra fue protagonizada por niñas y niños adherentes de la Otra Campaña.

El martes 29 de abril, Edith Rosales Gutiérrez, Mariana Selvas Gómez y Norma Aidé Jiménez Osorio (tres mujeres que pasaron meses y hasta años como presas políticas por los hechos de Atenco) junto con otras mujeres que prefieren mantener un bajo perfil y que también estuvieron presas durante unos días, refrendaron en la Ciudad de México su denuncia de tortura y violencia sexual, física y verbal contra los integrantes de la PFP. Al refrendar su dicho, las mujeres informaron que en ese momento estaba siendo entregada en Washington, EUA, una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1]. Más tarde, las mujeres agredidas por la policía realizaron una protesta frente al organismo de significado imposible de recordar, mejor conocido como FEVIMTRA[2]. Después de dos años de intentar infructuosamente un contacto, las compañeras denunciantes fueron recibidas por la fiscal especial, hoy María Guadalupe Morfín Otero, sólo para escuchar que aún no existen resultados concretos para sus demandas.

El miércoles 30 de abril, también en la Ciudad de México, decenas de niñas y niños adherentes a la Otra Campaña se presentaron junto con sus familiares ante la sede de la UNICEF en lo que llamaron El Otro Día del Niñ@. Una comisión entregó dos documentos. Uno fue el Informe sobre el caso de los menores de edad detenidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México[3]. Otro fue un Recuento de represión por parte del Estado a los niños y niñas en México a partir de mayo del 2006[4]. Quienes participaron y organizaron estas protestas coinciden en señalar la falta de interés ante las denuncias de violencia contra mujeres y niños que han podido observar en estos dos años. Todo indica que existe un vacío de datos en lo que respecta a la violación masiva de mujeres y la tortura de menores de edad que estimuló, dirigió, permitió y encubrió Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Para combatir medianamente ese vacío podemos traer a la memoria algunos hechos.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron detenidas doscientas seis personas durante la violenta incursión policiaca que hoy se conmemora. Cerca de setecientos elementos de la PFP, casi dos mil de la Agencia de Seguridad Estatal y decenas de policías municipales fueron enviados por Enrique Peña Nieto para atacar a la población civil con redadas y allanamientos después de una confrontación entre vendedores ambulantes de Texcoco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y las autoridades municipales. Todos los detenidos afirman haber sido golpeados salvajemente y sometidos por medio de la violencia psicológica. Cuarenta y siete eran mujeres, cuatro de ellas provenientes de otros países[5]. Veintiséis de esas mujeres acusaron a los policías de haberlas torturado y violado durante el traslado de cinco horas en las camionetas. Once sostienen su acusación y han presentado denuncias.

A pesar de que existe una averiguación previa abierta desde mayo de 2006 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otra iniciada por la Procuraduría General de la República a través de la FEVIMTRA, solamente un policía ha sido consignado por un acto delictivo sexual. Se trata de Doroteo Blas Marcelo, quien fue acusado de obligar a una mujer a practicarle sexo oral. Sin embargo, la violación sexual oral no es violación sexual para la legislación mexiquense, por lo que Doroteo Blas Marcelo sólo tuvo que responder por actos libidinosos. El 28 de agosto de 2006 se le dictó auto de formal de prisión, pero a diferencia de las veintisiete mujeres violentadas por él y sus compañeros, Blas Marcelo nunca estuvo preso. Bastó con que pagara una fianza. Su caso sigue sin sentencia[6].

Hubo otros veinte policías consignados, pero por abuso de autoridad y otros cargos. Es decir que de casi tres mil policías que participaron en las agresiones contra la población civil de Atenco y Texcoco sólo veintiuno fueron remitidos ante un juez. En febrero de este año, quince de ellos fueron exonerados. En otras palabras, sólo quedan seis policías sujetos a proceso y, por supuesto, desde la libertad.

Lo ocurrido a los menores de edad no es menos grave. Javier Cortés Santiago, habitante de San Salvador Atenco, tenía catorce años cuando lo asesinó un proyectil lanzado por la policía. Durante las incursiones posteriores, fueron detenidos nueve menores de edad: una muchacha y ocho jóvenes, todos entre los dieciséis y los diecisiete años. Debido a las amenazas que recibieron por parte de autoridades, sólo cuatro de los muchachos han presentado su testimonio y ninguno quiere hacer público su nombre. Todos coinciden en señalar que el 4 de mayo fueron arrastrados sin explicación alguna hasta las camionetas donde policías federales y locales sometieron a cientos de personas. Los nueve jóvenes padecieron la tortura de más de cinco horas en el traslado hacia el Centro Preventivo y de Readaptación Social ‘Santiaguito’, en Almoloya de Juárez. Según sus testimonios, los muchachos vivieron el mismo procedimiento que el resto de las personas detenidas: fueron apilados como bultos en las camionetas, pisoteados por las botas de los policías y sometidos por medio de “golpes en la cabeza, piernas, estómago y costillas con puños, toletes o patadas” (Informe sobre el caso de los menores…, p. 19) junto con amenazas de muerte e insultos ininterrumpidos.

Pero estos nueve jóvenes vivieron una tortura mucho más prolongada que la de los doscientos adultos. A las dos de la mañana del 5 de mayo fueron separados con mentiras del resto del grupo y trasladados en automóviles particulares al Tutelar de Menores que se conoce como “Escuela de Rehabilitación Quinta El Bosque”, en Zinacantepec, Estado de México. Los ocho muchachos y la joven fueron obligados a viajar esposados, con los ojos vendados y la cabeza agachada. Al llegar al Tutelar de Menores, “una custodia entró por la joven y los muchachos no volvieron a saber de ella” (Informe sobre el caso de los menores… p. 20). Poco después, los muchachos fueron separados en dos grupos de cuatro. Un grupo fue llevado a un patio donde se les ordenó recargarse en la pared con las manos y separar las piernas. Durante la siguiente media hora, los jóvenes recibieron insultos y fueron brutalmente golpeados en la cara, el estómago, las costillas y la cabeza. Luego fueron llevados a una celda de castigo.

El otro grupo de jóvenes fue encerrado en una bodega donde “alrededor de 20 custodios los hicieron pasar de uno por uno al centro para golpearlos” igual que al otro grupo, con manotazos en la cara, “puñetazos en el estómago y en las costillas” o “patadas en cualquier parte del cuerpo”. Al terminar la golpiza, los insultos y las amenazas de los custudios, los muchachos fueron trasladados a la celda de castigo donde esperaba el primer grupo. Una vez reunidos, cerca de ocho custodios los hicieron correr dentro de la celda de un lado a otro y continuaron con la tortura: “A uno de los muchachos el rompieron un palo de escoba en la pierna, a otro le dieron de patadas en el pecho hasta hacerlo llorar y le provocaron también una luxación en el tobillo… A otro más, como llevaba el cabello largo, le arrancaron un mechón de un tirón… Fue tal la agresión que uno de los jóvenes no resistió y se desmayó; en el camino a la enfermería no paraba de vomitar” (Informe sobre el caso de los menores…, p. 21).

A la mañana siguiente, 6 de mayo de 2006, tres de los muchachos fueron liberados y cinco quedaron presos. Dos de ellos estuvieron en la enfermería durante los veinticuatro días que duró su detención. Los tres restantes permanecieron una semana en la celda de castigo “donde cada cambio de turno eran golpeados por los custodios” (Informe sobre el caso de los menores…, p. 21). Siete días después los integraron con el resto de la población donde, por órdenes de los custodios, los tres muchachos fueron golpeados durante dos días por los mismos internos. Por su parte, los custodios nunca dejaron de lastimarlos. Los muchachos aseguran que incluso un día antes de salir del Tutelar de Menores recibieron otra golpiza de los custodios.

Los ocho menores fueron liberados el 28 de mayo de 2006 pero no terminó ahí el hostigamiento de las autoridades. Los jóvenes aseguran que había automóviles sin placas estacionados afuera de sus casas y varios de ellos fueron citados por el Segundo Juzgado de lo Penal del Distrito de Toluca para ser testigos del Ministerio Público en la causa penal número 96/06. Los jóvenes tuvieron que declarar en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez[7], lo que no hizo sino prolongar su tortura psicológica. Los documentos que narran estos hechos fueron recibidos por los responsables de la oficina de la UNICEF en México el pasado 30 de abril en el marco de una extraña protesta que tocaba música de Cri-Cri, aderezada a ratos por la lluvia.

Los dos documentos difundidos por el Sector Niñ@s de la Otra Campaña van mucho más allá de Atenco. Ambos describen una violencia contra la infancia en México y en el mundo casi tan terrible como el desinterés que la acompaña. “La cotidianidad de estos hechos es tal que las mismas sociedades han concedido cierto grado de permisividad a estos agravios, conformándose de esta manera una “naturalización” de la violencia”, señala con razón el Informe sobre el caso de los menores… (p. 8).

Los funcionarios que ordenaron el ataque contra integrantes del FPDT y contra adherentes de la Otra Campaña no tienen problemas con la justicia. Ni Enrique Peña Nieto, ni Abel Villicaña ni Wilfrido Robledo Madrid han sido investigados. Pero como lo muestran los eventos realizados por las mujeres agredidas en Atenco y por las niñas y los niños de la Otra Campaña, hay integrantes de la sociedad que jamás aceptarán esta violencia como natural o cotidiana.

Mayo, 2008.


[1] Las once mujeres denunciantes acudieron a la CIDH acompañadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

[2] Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, hasta hace tres meses llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM).

[3] El Informe… fue elaborado por el Sector Niñ@s de la Otra Campaña, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Kolectivo Kinta Brigada.

[4] Elaborado por Nicte-há Dzib Soto, del Sector Niñ@s de la Otra Campaña en el D.F.

[5] Las mujeres de otros países que fueron agredidas en Atenco y expulsadas del país son la alemana Samantha Dietmar, la chilena Valentina Palma y las españolas María Sostrés y Cristina Valls, quien en enero de este año presentó una querella ante la Audiencia Nacional (en Madrid) en contra de 140 funcionarios responsables de la violencia en Atenco.

[6] Datos tomados del Informe de seguimiento dirigido al Comité contra la Tortura, actualizado en abril de 2008 del Centro Prodh y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), p. 5.

[7] En ese penal se encuentran Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, sentenciados a sesenta y siete años y medio de prisión.