Presas políticas e impunidad en México


Ponencia presentada en la mesa Presas políticas y sistema de justicia penal, Foro Itinerante “Mujeres, violencia institucional e impunidad en México.

Diálogos entre la Academia y la Sociedad Civil”


Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 24 de enero, 2008


Presas políticas e impunidad en México*


Ma. Eugenia Gutiérrez González

(FFyL/UNAM)

¿Qué implica protestar por el sufrimiento,

a diferencia de reconocerlo?

Susan Sontag

Nos mintieron desde que nacimos. Nos dijeron que admiraban a los valientes, que respetaban la sangre derramada en favor de la justicia, que reconocían el mérito de los procesos libertarios. Durante seis años de estudios de primaria nos llevaron cada mañana de lunes a presenciar un culto institucional a las revoluciones, a las luchas de liberación, a las gestas independentistas, a la defensa de la soberanía y a todos los capítulos heroicos que han delineado la historia de México. Nos dijeron que la policía trabajaba para protegernos, que el ejército era salvaguarda de la tranquilidad social y que el sistema de justicia se dedicaría a procurarla. Pero nos mintieron.

En el país de “los valientes no asesinan”[1], son asesinados los valientes. Se les persigue, se les detiene sin orden de aprehensión, se les arrastra por el suelo, se les viola, se les desaparece. Eso es en verdad lo que hacen las instituciones de procuración de justicia en México, muy al contrario de la emocionante retórica nacionalista que aprendimos en la infancia. Nos han querido conculcar el derecho al pensamiento crítico, a la libertad de palabra y de expresión, a la organización, o bien, a la defensa colectiva de la tierra, del trabajo, de la educación o de nuestras convicciones. Muchas veces, lo han logrado. Y lo más grave es que los responsables viven en absoluta impunidad. Ni las instituciones oficiales ni los medios masivos de comunicación presentan datos fidedignos. Por el contrario, en un caótico laberinto de trampas mediáticas, conveniencias económicas y vericuetos jurídicos a modo, resulta que en nuestro país son las luchadoras y los luchadores sociales quienes están presos al tiempo que los hombres y las mujeres responsables de violación, tortura y asesinato están libres. En ese marco, se escucha con insistencia un anuncio pagado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las frecuencias radiales. Intenta ser una crítica a la tortura en México, pero envuelve otra mentira: “La ilegalidad no debe ser combatida con más ilegalidad”. Con esa frase tan general, los publicistas de la CNDH contribuyen a la criminalización de los movimientos sociales. Si la Constitución, en su Artículo 39, lo establece, no es ilegal organizarse para “alterar o modificar” nuestra forma de gobierno. Pero ese es el México en el que vivimos y eso es lo que permite y fomenta este sistema de justicia penal.

En ese México, existen mujeres que han sido encarceladas porque así conviene a las necesidades políticas de los gobiernos locales, estatales y federal, y no por haber cometido algún delito. De ahí que se les considere presas políticas y de conciencia. Antes que nada debo señalar que es necesario un trabajo de investigación profundo sobre las presas políticas en México, pues hay mujeres de cuya situación jurídica se tienen muy pocos datos. Por ejemplo, está el caso de Remedios Alonso Vargas, de quien se puede documentar por una nota publicada en el diario El Sur[2] que es madre de diez hijos, que fue detenida y torturada junto con dos de ellos (Irineo Mederos y Luciano Mederos) el 24 de octubre de 2000 en el pueblo El Camarón, Guerrero, cuando cuarenta agentes de la Policía Judicial de ese estado allanaron su casa, y que, al igual que sus hijos, Remedios está sentenciada a 22 años de prisión.

Existen otras mujeres que han sido denominadas presas políticas o presas de conciencia y de cuyos casos es necesario realizar una investigación a fondo, como María de Jesús Martínez Reyes, María Elena Mesino Parra y Azucena Villamar Pasión, las tres, presas en Guerrero. También es indispensable sistematizar información acerca de las mujeres que fueron detenidas el 25 de noviembre de 2006 en Oaxaca, en el contexto de la represión al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por parte del gobierno de Ulises Ruiz. Algunas de las mujeres que se reivindicaron entonces como presas políticas son Hilda Coca Gómez, Edith Coca Soriano, Elia Coca Gómez y Blanca Celia Mendoza Ramírez.

De otras mujeres se tiene más información. Isabel Almaraz Matías es una mujer zapoteca de la región loxicha de Oaxaca. Lleva más de cinco años en prisión y no se le ha dictado sentencia. Según informa el diario La Jornada en una nota de Blanche Petrich, Isabel participó en junio de 1997 en la “Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha, que mantuvo un plantón de cinco años en los portales del antiguo palacio de gobierno de Oaxaca”. Petrich explica que “protestaban contra la militarización que diezmó su región: más de 90 ejecuciones extrajudiciales, 15 desapariciones y, en su momento, cerca de 500 detenciones.”[3] Según su propio testimonio, Isabel fue detenida el 25 de junio de 2002 en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Está acusada de secuestro y de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Ha enviado cartas a Amnistía Internacional donde asegura que no ha cometido ningún delito[4]. Se autodefine como presa política y de conciencia. Cito algunas palabras de Isabel: “Como mujer indígena no puedo quedar cruzados los brazos; desde este lugar elevo mi voz. Tengo la libertad y derecho de luchar por mi libertad que tanto añoro”[5]. Isabel tiene dos hijas. Cuando fue detenida en 2002, una de ellas tenía cuatro años y la otra un año seis meses. No ha podido verlas desde entonces. Hay otras mujeres presas en México por motivos políticos, pero falta hacer una investigación más a fondo antes de poder presentar sus datos.

De Gloria Arenas Agís tenemos más información. Fue detenida y torturada junto con su esposo Jacobo Silva Nogales en octubre de 1999. Ambos fueron acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), algo que nunca han negado. Es por ello que ambos aceptan el cargo de rebelión que se les imputa. En vista de que llevan ocho años presos y el tiempo que les atribuyó la corte por el cargo de rebelión ya ha sido compurgado, ambos presentaron en septiembre de 2007 un recurso de amparo[6] que tendrá que resolverse muy pronto. Si se aplicara la ley con pulcritud, tanto Gloria como Jacobo podrían ser liberados. No obstante, diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran factible que eso no ocurra, por lo que podrían seguir sentenciados a vivir en prisión hasta el año 2045. Gloria Arenas Agís también es madre. En su caso, no sólo ha permanecido ocho años sin ver a su hija Leonor Araceli, pues ella tuvo que refugiarse en Canadá desde que fueron detenidos sus padres. A Gloria tampoco se le ha permitido ver a su esposo, a pesar de que la ley contempla el derecho a la visita conyugal.

La impunidad en los abusos del pasado genera las barbaries presentes y fomenta las crueldades del futuro. En la detención arbitraria de Gloria y Jacobo tiene un papel protagónico un hombre que también estuvo presente en la agresión al Comité General de Huelga (CGH) de la UNAM en 2000 y en el ataque contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Otra Campaña y varias organizaciones sociales en 2006. Se trata de Wilfrido Robledo Madrid, quien fungía en 1999 y 2000 como director de la PFP y para mayo de 2006 era director de Seguridad Pública del Estado de México. La tranquilidad con que este hombre ha lastimado a los movimientos sociales durante años puede haber tenido como consecuencia la seguridad y la confianza mostradas en el ataque al pueblo atenquense en mayo de 2006. Es así que Wilfrido Robledo Madrid vuelve a tener un papel represivo protagónico en las agresiones que vivieron doscientas siete personas en San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006, con un saldo de dos jóvenes muertos: Ollin Alexis Benhumea Hernández y Francisco Javier Cortés Santiago.

Desde entonces, hace casi dos años, tres mujeres se encuentran presas sin que se les haya comprobado delito alguno y sin que se les haya dictado sentencia. Ellas son Patricia Romero Hernández, Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Mariana Selvas Gómez[7], alumna de esta casa de estudios[8]. Las tres están presas en el penal Molino de las Flores, en el Estado de México. El caso de Patricia Romero Hernández tiene muy lastimada a una familia. A Patricia la detuvieron y torturaron junto con su padre (Raúl Romero) y su hijo (Aladí Romero). Los tres están presos. Patricia está acusada de secuestro equiparado, por lo que podría ser sentenciada a muchos años de prisión. Por su parte, Edith Rosales es una mujer trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social e integrante activa de su Sindicato. Cuando la detuvieron, Edith vivió pasajes como éste:

Avanzó el camión y todo el tiempo nos estuvieron torturando física y psicológicamente, además, tenían a dos chicas al frente que las estaban acosando sexualmente y manoseándolas y cuando ellas decían que las dejaran, les pegaban y si nosotros intentábamos alzar la cabeza, nos pegaban y nos decían que nos iban a matar y a nuestras familias también. Cuando llegamos, nos bajaron a golpes y en los pasillos de la entrada del CERESO, me azotaban la cabeza contra la pared y me pateaban…[9]

El sistema de justicia penal en México y la estructura que lo sostiene parecen diseñados específicamente para velar por la seguridad de los criminales[10]. En el caso de Patricia, Edith y Mariana resulta particularmente grotesco el hecho de que se hallen encarceladas y estigmatizadas como mujeres violentas después de haber estado presentes en uno de los actos de violencia masiva de género más organizados de que se tenga memoria en México.[11]

Todas las mujeres agredidas fueron arrojadas a las camionetas donde se torturó a las doscientas siete personas. Todas describen la asfixia que padecieron al estar apiladas “como bultos” durante casi cinco horas en un ambiente de personas heridas y sangrantes que se lamentaban mientras eran torturadas. Muchas señalan que se les cubrió el rostro con su propia ropa, después de desnudarlas. A muchas se les despojó de sus brasieres. A otras se les bajaron los pantalones y las pantaletas o se les subieron los suéteres y las blusas, a fin de que sus senos quedaran expuestos. Esto facilitaba la violencia de los torturadores, pues afirman las mujeres que sus senos fueron pellizcados, mordidos, lamidos, jalados y golpeados salvajemente con puños y con toletes. Varias mujeres aseguran que a lo largo de todo el trayecto, los policías les introdujeron dedos y objetos en la vagina y en el recto. Una joven afirma haber viajado desnuda en el último asiento del camión, recostada de bruces encima de dos personas, obligada a tener en alto la cadera para comodidad de tres policías que la violaron durante cuatro horas; sobre su espalda y su cabeza viajó sentado un policía. Todas indican que se golpeó sin medida a jóvenes, ancianos y un discapacitado. Toda la gente recibió amenazas de muerte y de desmembramiento corporal. A cada persona le fueron robadas sus pertenencias, como relojes, celulares, cámaras de video y de fotografía o bolsas de mano. No se toleró la presencia de los medios de comunicación. No se respetó a nadie. Mariana Selvas Gómez, estudiante de esta escuela, declara:

Durante el transcurso hubo amenazas de muerte. Decían que nos iban a desaparecer y que si sobrevivíamos íbamos a pasar 80 años encerrados. No podíamos movernos. Si nos movíamos nos golpeaban con saña. Una mujer policía se fue parada en mi espalda. Se escuchaba cómo abusaban de otras mujeres en mi camión, especialmente a una alemana[12]. Se escuchaba como si estuvieran viendo una película pornográfica, así como insinuaciones de que se iban drogando[13].

México es reconocido a nivel internacional no sólo por la cantidad de mujeres que son asesinadas en su territorio sino por la impunidad que gozan sus asesinos. Si algunos grupos sociales pueden vivir tranquilos y relajados en nuestro país son los pederastas, los violadores, y los torturadores. En julio de 2006, Alicia Elena Pérez Duarte, entonces responsable de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), declaró que en México “ningún torturador jamás ha sido sentenciado”[14]. En otras palabras, nunca se ha hecho justicia a los movimientos sociales.

Nos mienten todo el tiempo. Nos dicen que el Congreso de la Unión es honorable y que sus integrantes tienen como principal interés el bienestar nacional. Pero mienten. Veamos una ley fresca, moderna y novedosa y veamos que no podría evitar que se repitiera una violación masiva como la de Atenco y que tampoco liberaría jamás a una presa política. Por supuesto, tampoco podría sancionar la violencia que padecieron las mujeres. Las leyes no son retroactivas.

Hace casi un año, el 1 de febrero de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó el “Decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Esa ley contiene sólo dos capítulos[15] (de cincuenta y nueve) que señalan lo que se podría hacer en términos legales para sancionar a quienes repitieran un ataque como el que vivieron las mujeres de las que hoy hemos hablado. Por ejemplo, el Capítulo V, Artículo 25: “Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate”[16]. Si trasladamos este artículo a nuestra realidad nacional veremos que, después de todo, no es más que un escudo protector para los abusos gubernamentales. En los hechos, resulta improcedente. Lo que la ley dice es que corresponde a Felipe Calderón Hinojosa, a través de Juan Camilo Mouriño, “declarar la alerta de violencia de género” y notificársela a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo esperar que Peña Nieto, uno de los responsables intelectuales de lo ocurrido en Atenco, sancione la violencia contra las mujeres? ¿Cómo esperar que Calderón y su presidencia improbable declaren una alerta de violencia de género cuando en la residencia oficial de Los Pinos se generó el diagnóstico de gastritis que paralizó a la CNDH y dejó absolutamente impune el asesinato de doña Ernestina Ascencio Rosario en marzo de 2007?[17]¿Cómo imaginar que las violaciones sexuales de integrantes de la PFP y de miembros del Ejército Federal Mexicano van a ser sancionadas desde Los Pinos cuando ahí, a pesar de que está documentada la violencia castrense por todo el país, la abogada y primera dama Margarita Zavala, orgullosa, viste a sus niños de soldados?

Hablar del artículo 26 sería un tanto ocioso, pues en él se establece la forma en que el Estado mexicano debe “resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.[18] Pero la vida real es distinta. En este país donde la historia oficial exalta la valentía del general Anaya por haber respondido “si tuviera parque no estaría usted aquí”[19], se encarcela en penales de máxima seguridad a los hermanos Cerezo Contreras, tres jóvenes estudiantes de la UNAM, acusándolos de tronar unos petardos[20].

Nos seguirán mintiendo siempre. De ahí la necesidad de generar nuestros propios análisis de la realidad nacional. El actual sistema de justicia penal en México no funciona, no cumple con sus objetivos fundamentales y no procura justicia. Es necesario construir uno nuevo. Mientras eso ocurre, claro, se debe continuar el trabajo jurídico, pero necesariamente acompañado de un trabajo político ininterrumpido y organizado, pues en este país las leyes no están hechas para procurar justicia sino la más absoluta impunidad para las élites políticas, económicas y religiosas.

Hace unos días se hizo pública una denuncia de doña Marta de los Ríos (de la Organización de Madres de los Desaparecidos Políticos de Chihuahua) en la que afirma haber sido levantada por varios hombres en las calles de Chihuahua el 10 de diciembre para ser amenazada por su participación en el movimiento social que busca recuperar a las desaparecidas y los desaparecidos[21]. También tenemos a mujeres perseguidas, como la joven América del Valle Ramírez, quien vive escondida desde mayo de 2006 por temor a recibir el mismo trato salvaje que se les dio a otros integrantes del FPDT, entre ellos, su padre y su hermano. En tanto, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, dos jovencitas triquis, continúan desaparecidas desde hace seis meses[22]. Si las leyes nos prometen una vida libre de violencia, ¿por qué no se declara una “alerta de violencia de género” en México? ¿Cuántas mujeres deben ser violadas, encarceladas, perseguidas o asesinadas para que la situación se considere alarmante? Y si en el pensamiento pragmático neoliberal se cuantifica el dolor por número de desapariciones, ¿por qué el gobierno calderonista no decretó una “alerta de violencia de género” en Ciudad Juárez el día 2 de febrero de 2007, en el exacto amanecer de su ley?

Tanta ingenuidad es peligrosa. Pensar que las leyes, en sí mismas, van a garantizarnos una vida libre de violencia es habitar muy lejos de la realidad. Y esperar que las mujeres lleguen al poder para que se nos haga justicia es todavía más ingenuo y quizá más peligroso. Habría que analizar los testimonios de mujeres como Patricia Romero, Edith Rosales y Mariana Selvas para darnos cuenta del trato brutal que recibieron por parte de las mujeres policías. O habría que analizar la actitud de Michel Bachelet al frente del gobierno chileno, pues la presa política mapuche Patricia Troncoso Robles lleva cien días en huelga de alimentos sólidos y su salud es muy grave. Así, entre mujeres. Porque el problema no es el sexo de quien gobierna sino la forma en que se abusa del poder.

En el régimen patriarcal, capitalista y conservador que busca consolidarse en México y en el mundo para los próximos años, es más que urgente una respuesta organizada de las mujeres ante la barbarie de autoridades cuya negligencia nos ha llevado a ocupar los primeros lugares mundiales en feminicidios y nos tiene ahora marcados como un pueblo que permite las violaciones masivas y el ulterior encarcelamiento de quienes fueron atacadas. Existen posibilidades reales de vivir sin leyes que reprimen, y en México tenemos ejemplos concretos. En las comunidades zapatistas de Chiapas, por ejemplo, se ha echado a andar, en tan sólo unos años y desde la autonomía plena, un sistema de justicia donde verdaderamente se busca evitar la violencia, resarcir el daño y transformar las relaciones sociales por medio del trabajo. Las comunidades indígenas rebeldes lo están intentando.

Esta es una casa de estudios antropológicos, históricos, arqueológicos, sociales. Es, en otras palabras, un espacio para el humanismo y la defensa de la memoria de los pueblos. Una de sus alumnas está presa. De lo que se haga y se registre hoy en lugares como éste, dependerá en buena medida lo que los historiadores del futuro sabrán acerca de nosotras, de nosotros. Valdría la pena luchar por hacerles saber que estamos intentando vivir de otra manera y que no podemos ignorar el dolor de quienes viven en prisión. Todas y todos tenemos derecho a esas formas de justicia verdadera que se están practicando desde la autonomía. Alcanzarlas y vivirlas dependerá de nuestra capacidad de organización y respuesta. No permitamos más esta injusticia. Exijamos la libertad inmediata e incondicional de todas y todos los presos políticos.

*Esta ponencia también fue leída en el Foro Social Mundial México 2008, en la mesa “Militarización, Represión y Derechos Humanos”, el 25 de enero.

Referencias y textos consultados:

ALMARAZ Matías, Isabel,

2006a “Carta a la jornada de la Otra Campaña por la libertad de los presos políticos”, en línea desde el 15 de marzo de 2006 en:

http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article27

2006b “Carta a Amnistía Internacional”, en línea desde el 4 de junio de 2006 en: http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article179

ASOCIACIÓN Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, et. al.,

2007 “La reforma al sistema de justicia penal debe garantizar y ampliar derechos, no restringirlos”, Boletín de prensa SJ/14, en línea desde diciembre de 2007 en:

http://centroprodh.org.mx/Sala%20de%20prensa/Boletines/2007/diciembre/SJreforma_131207.htm

CENTRO de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.,

2006aAtenco: Estado de derecho a la medida. Informe de observación del 3 al 10 de mayo, en línea desde el 10 de mayo de 2006 en:

http://nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/mexico/2006/0510informe_atenco.pdf, 34 p.

2006b “Audio del testimonio presentado el día 10 de mayo”, en línea desde mayo de 2006 en: http://centroprodh.org.mx/casos/atenco/testimonio_110506.mp3

COMISIÓN Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos,

2006 Informe preliminar sobre los hechos de Atenco, México. Cuarta visita, 29 de mayo a 4 de junio, 2006, en línea en:

http://cciodh.pangea.org/cuarta/informe_preliminar.pdf, 199 p.

COMITÉ de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), OMCT y Centro Prodh,

2006 Violencia de Estado contra mujeres privadas de libertad en México. El caso San Salvador Atenco. Informe alternativo al CEDAW, 36° periodo de sesiones, en línea desde agosto de 2006 en:

http://www.omct.org/pdf/VAW/2006/CEDAW_36th/CEDAW_alt_report_Mexico_esp.pdf, 49 p.

CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 39, febrero de 1917.

DECRETO que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Publicado por el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

GALLEGOS, Elena y Claudia Herrera,

2007 “Entrevista a Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República”, La Jornada, 13 de marzo.

GUTIÉRREZ, Maribel,

2002 “Por casualidad, una mujer y sus dos hijos están acusados de secuestro”, diario El Sur, Acapulco, Guerrero, 12 de septiembre.

MONTAÑO, Ma. Teresa y Fernando Martínez,

2007 “Deja Wilfrido Robledo Seguridad del Edomex”, diario El Universal, 9 de febrero.

PETRICH, Blanche,

2007 “Culpables, sin fortuna y sin estudios”, diario La Jornada, 28 de octubre.

ROSALES Gutiérrez, Georgina Edith y Mariana Selvas Gómez,

2006 Testimonios recopilados en “Testimonios de mujeres violadas y torturadas en Atenco, México, el 3 y 4 de mayo de 2006” por el Observatorio para la Protección de Luchadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos, en línea desde el 20 de mayo de 2006 en:

http://bellaciao.org/es/article.php3?id_article=2564


[1] Frase atribuida a Guillermo Prieto Pradillo, periodista y poeta liberal de quien se dice que en 1858 salvó la vida del presidente Benito Juárez gracias a la argumentación que abrió con esa frase.

[2] Maribel Gutiérrez, “Por casualidad, una mujer y sus dos hijos están acusados de secuestro”, El Sur, 12 de septiembre de 2002.

[3] Blanche Petrich, “Culpables, sin fortuna y sin estudios”, La Jornada, 28 de octubre de 2007.

[4] Carta de Isabel Almaraz Matías a Amnistía Internacional, 4 de junio de 2006.

[5] Carta de Isabel Almaraz Matías a la Otra Campaña y a organizaciones de derechos humanos, 15 de marzo de 2006.

[6] El Amparo, redactado por Jacobo Silva Nogales, fue presentado por su abogado ante el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, en septiembre de 2007. Quedó registrado con el número 303/2007.

[7] Al momento de redactar y presentar este texto, Mariana Selvas Gómez estaba presa. Hoy se encuentra en libertad, pues fue absuelta de cargos y liberada el 26 de enero de 2008 junto con Guillermo Selvas (su padre), Vicente García Murguía, Martín Garrido Romero, Cecilio Ramírez Espinosa, Jorge Armando Ramírez Aguilar y David Medina Neri, todos detenidos durante el ataque contra el FPDT.

[8] Patricia Romero Hernández, Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Mariana Selvas Gómez son parte de las siete mujeres presas políticas a raíz de las agresiones en Atenco. Cuatro han obtenido ya su libertad: Norma Aidé Jiménez Osorio, María Luisa López Morán, Suellen Gabriela Cuevas Jaramillo y doña Magdalena García Durán. De ellas cuatro, solamente Magdalena ha quedado libre de cargos. Las otras tres mujeres que pasaron casi un año en la cárcel tuvieron que pagar fianza y siguen sujetas a proceso, al igual que decenas de personas.

[9] Testimonio de Georgina Edith Rosales Gutiérrez, mayo de 2006.

[10] Baste recordar el papel de la Suprema Corte de Justicia en el caso Lydia Cacho contra el gobernador Mario Marín, o el de la Presidencia de la República en el asesinato de la anciana Ernestina Ascencio Rosario, o el del Ejército Federal en la violación masiva de trabajadoras sexuales en Coahuila.

[11] Están documentados los testimonios de varias decenas de mujeres agredidas sexualmente y todos coinciden en lo que respecta a las técnicas utilizadas por la PFP. Asimismo, existe una videograbación en la que varios policías que participaron en las agresiones contra el pueblo de Atenco dan testimonio de la forma en que fueron instruidos para reprimir.

[12] Se refiere a la fotógrafa y estudiante Samantha Ariane Marei Dietmar, quien fue expulsada de México en mayo de 2006.

[13] Testimonio de Mariana Selvas Gómez, mayo de 2006.

[14] Alicia Elena Pérez Duarte citada por CIMAC Noticias, julio de 2006, en: http://www.cimacnoticias.com/noticias/06jul/06071908.html

[15] Son los capítulos IV y V. El capítulo IV trata DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL y consta de tres artículos: el 18 el 19 y el 20. El capítulo V trata DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES y consta de seis artículos: del 21 al 26.

[16] Decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Capítulo V, Artículo 25.

[17] El diagnóstico de “gastritis crónica no atendida”, desconocido hasta entonces, lo hizo público Calderón Hinojosa en declaraciones hechas a Elena Gallegos y Claudia Herrera, “Entrevista a Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República”, La Jornada, 13 de marzo de 2007.

[18] Decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Capítulo V, Artículo 26.

[19] Frase atribuida al general Pedro María Anaya durante la defensa del Convento de Churubusco, el 20 de agosto de 1847, durante la invasión estadunidense.

[20] Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras fueron detenidos en 2001 y enviados a penales de máxima seguridad acusados, inicialmente, de haber puesto unos petardos en tres sucursales bancarias de la Ciudad de México. Sólo Alejandro está libre desde marzo de 2005.

[21] Véase la denuncia de Marta de los Ríos Merino dirigida al Subcomandante Insurgente Marcos y publicada el 10 de enero de 2008 en la página de Enlace Zapatista: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/871/

[22] Véase la nota de Soledad Jarquín Edgar fechada el 10 de enero de 2008 por CIMAC Noticias en: http://www.cimacnoticias.com/site/08011010-Oaxaca-feministas.31674.0.html